El pasado 16 de julio de 2019 entró en vigor una de las normativas más relevantes de los últimos años en el ámbito económico: la Directiva (UE) 2019/1023.
Su objetivo principal es claro: crear un sistema unitario en toda Europa que facilite la reestructuración temprana de empresas viables y armonice las normas sobre exoneración de deudas e inhabilitaciones. Se busca, ante todo, mejorar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia para que dejar de pagar no signifique necesariamente el fin de la actividad empresarial.
Los Estados miembros tienen el mandato de adaptar sus leyes nacionales a estas directrices, modernizando sus sistemas concursales para proteger el tejido empresarial.
Objetivos principales: Salvar empresas viables
La Directiva nace con una vocación preventiva. Busca detectar problemas financieros en fases tempranas para:
- Garantizar la reestructuración de empresas que, aunque atraviesen dificultades, siguen siendo viables.
- Proteger puestos de trabajo y evitar la destrucción de valor económico.
- Reducir los préstamos improductivos en el sistema financiero.
Al mismo tiempo, establece mecanismos rápidos para la liquidación de aquellas compañías que no tengan solución, evitando que se conviertan en “empresas zombi” que acumulan pérdidas en perjuicio de acreedores y trabajadores.
La reestructuración de deudores: Actuar a tiempo
El gran cambio de paradigma es la anticipación. La normativa impulsa herramientas que permitan una reestructuración efectiva de los deudores antes de que la quiebra sea inevitable.
El objetivo es evitar la insolvencia formal y la acumulación de deudas impagables. Se trata de proteger los derechos de todos los implicados de manera equilibrada, ofreciendo una salida a quien puede recuperarse y un cierre ordenado a quien no tiene perspectivas de supervivencia.
Un procedimiento unificado en Europa
Hasta ahora, existían enormes diferencias entre los países de la UE. Algunos permitían la reestructuración de empresas demasiado tarde; otros tenían procesos burocráticos, costosos y lentos.
La nueva Directiva apuesta por soluciones extrajudiciales más ágiles y menos formales. Se favorece la recuperación de la empresa frente a la liquidación clásica. Esto es vital para los inversores, ya que la incertidumbre legal y la lentitud de los procesos en ciertos países actuaban como un freno a la inversión transfronteriza.
Segunda Oportunidad para empresarios
Uno de los puntos más importantes es la armonización de la Segunda Oportunidad.
Las normas nacionales no deben variar drásticamente de un país a otro. La ineficiencia en los marcos de exoneración de deudas obligaba a muchos empresarios a trasladar su residencia a otros países (turismo concursal) para poder empezar de cero en un tiempo razonable.
La Directiva busca que los empresarios honestos puedan acceder a una exoneración plena de sus deudas en plazos más breves y unificados, reduciendo los costes de evaluación de riesgos para los acreedores y fomentando el emprendimiento.
Relación con el Reglamento (UE) 2015/848
Esta Directiva complementa al Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia transfronteriza. Mientras que el Reglamento se ocupa de la competencia judicial y el reconocimiento de fallos entre países, la Directiva establece las normas sustantivas mínimas.
Buscamos una mayor transparencia y seguridad jurídica en toda la Unión. Al reducir las disparidades legales, se facilita la reestructuración de grupos de empresas que operan en varios países y se asegura que la insolvencia se trate con coherencia en todo el mercado único.
Enfoque en Pymes y Exclusiones
Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99% del tejido empresarial europeo, son las grandes beneficiadas. La norma incide en que no deben soportar costes desproporcionados al afrontar dificultades financieras.
Para ello, se promueve el uso de planes de reestructuración simplificados y listas de control adaptadas a sus necesidades, reduciendo la necesidad de intervención judicial costosa.
¿Quiénes quedan fuera? La Directiva excluye de su ámbito a entidades financieras, empresas de seguros, organismos de inversión colectiva y organismos públicos, que se rigen por sus propias normativas especiales de intervención.
La importancia para los Consumidores
Aunque la Directiva se enfoca en la actividad empresarial, reconoce que el sobreendeudamiento de los consumidores es un asunto social crítico.
A menudo es difícil separar las deudas profesionales de un autónomo de sus deudas personales. Por ello, la norma recomienda a los Estados miembros aplicar las disposiciones sobre exoneración de deudas y Segunda Oportunidad también a los consumidores particulares.
El objetivo final es que cualquier persona física, sea empresario o consumidor, pueda liberarse de la losa de la deuda y reincorporarse a la vida económica activa en el menor tiempo posible.
